RECAUDACIÓN Y DISTRIBUCIÓN EN EL TERRENO REAL

En el marco del ciclo “La política y la economía frente a los desafíos de mediano plazo”, organizado por la Universidad Católica Argentina y la Fundación Konrad Adenauer, participé del panel “Efectos distributivos del gasto federal. La relación fiscal Nación-Provincias".

Ante la recurrente problemática de la distribución de recursos entre la Nación y las provincias, considerando las limitaciones institucionales para analizar la cuestión del federalismo, conviene concentrar esfuerzos en trabajar para mejorar el sistema impositivo vigente, tratando de maximizar la obtención de recursos y optimizar su utilización. De nada sirve seguir discutiendo alternativas inviables institucionalmente. La regla de unanimidad que impone la reforma de 1994 torna imposible cualquier cambio en el régimen de distribución de recursos entre la Nación y las provincias. Además, la distribución de recursos Nación-Provincias está en la raíz del problema, lo que no implica que hoy sea parte de la solución. Entonces, mejor concentrarnos en lo que sí podemos hacer.

Para desarrollar las administraciones tributarias subnacionales (ATS), es necesario afianzar la Institucionalización, en varios aspectos. Uno de ellos, el legal, dotando a las ATS de marcos legales que les permitan llevar a cabo sus tareas de manera más eficiente. Otro, el tecnológico. Es imprescindible modernizar las plataformas de gestión. El último, el social, facilitándole al ciudadano la gestión en materia impositiva. Sólo así lograremos ATS efectivas y sustentables, con un enfoque moderno, tecnológico y profundamente innovador sobre todos los niveles de la organización.

Recaudar mejor no implica que recaudemos mal. Argentina recauda y mucho. ¿Cuál es el problema entonces? Con dos palabras respondemos la pregunta: evasión e informalidad. Por ejemplo, en Ganancias, se estima una evasión de entre el 40% y el 50%. Y la informalidad ronda el 40%, lo que equivale a la economía de Chile entera, o la de Grecia o la de República Checa, por nombrar algunas. El gran problema es la legitimidad que tiene el Estado con sus ciudadanos, es decir, la percepción de que el Estado cumple con su parte del pacto. A mayor legitimidad, mayor voluntad de los ciudadanos de cooperar con su esfuerzo al bienestar general. La legitimidad impositiva es mayor cuando el gobierno brinda una imagen de equidad impositiva, de austeridad pública y honestidad, de redistribución social y efectiva, y de un gasto público eficaz para la economía.

Por último, es imperioso comenzar a cogestionar la cuestión fiscal entre jurisdicciones. Es decir, hay que optimizarla, tanto en los ingresos como en los gastos. Debemos apuntar a la gestión compartida de impuestos nacionales y a trabajar en el diseño de Programas Especiales de Gestión del Gasto Público.

El Estado no logró consolidar su legitimidad a lo largo de la historia, desplazando la recaudación impositiva hacia conceptos indirectos y alterando así el delicado equilibrio entre centralismo y federalismo. Aceptando esto, debemos repensar el federalismo fiscal y encontrar nuevas soluciones en la materia. La distribución de recursos debe ser racional y eficiente para potenciar el desarrollo donde más se necesite, creando herramientas nuevas, como la Regionalización, para que el Estado goce cada vez de mayor legitimidad, acercándose a las necesidades de la gente y respondiendo a sus demandas.