OPINIÓN

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Ensayo Diario Perfil: La Regionalización de la Provincia de Buenos Aires



El gobernador Daniel Scioli envió en marzo a la Legislatura bonaerense la ley marco para la regionalización de la provincia de Buenos Aires, elaborada luego de meses de reuniones con representantes de las más variadas extracciones políticas por un equipo encabezado por Santiago Montoya. El objetivo es permitir la expansión del interior provincial, corregir las asimetrías y contribuir a descomprimir las áreas más densamente pobladas.

La provincia de Buenos Aires se enfrenta a un decenio clave para su historia institucional, productiva y social. La expectativa de continuidad del proceso de crecimiento económico de nuestro país y su salud financiera –evidenciada en un gasto público provincial nutrido en un 60 por ciento con recursos propios–, constituyen una oportunidad única para repensar sus debilidades estructurales a nivel administrativo.

Seguimos teniendo urgencias, pero por primera vez en la historia no nos impiden reflexionar sobre lo importante. Muchos de los problemas que aquejan a la provincia son herederos de una ingeniería de la administración pública que no cambió con el paso del tiempo. La concentración de responsabilidades en una estructura central –política impulsada hace más de 129 años por Dardo Rocha–, fue fundamental para sentar las bases de una provincia en la que sólo el 2 por ciento de los argentinos vivía en los alrededores de la Capital y el 14 por ciento en el vasto y agroexportador interior provincial.

Era el siglo XIX.
Pero desde el siglo XIX hasta la actualidad, ocurrieron tremendos cambios en la provincia.

El proceso de industrialización impulsado entre 1945 y 1955 por Juan Perón generó, como efecto colateral, que el Conurbano bonaerense crezca hasta albergar al 25 por ciento de la población del país. La posterior destrucción de esa base productiva, lamentablemente, generó en la provincia argentina más rica el corredor urbano más desigual y vulnerable, sumido en la desocupación y el hacinamiento. El vigoroso proceso de recuperación productiva de los últimos ocho años nos brinda una base firme para enfrentar este problema.

Durante los últimos treinta años, la Provincia se enfocó política e institucionalmente en intentar recomponer un tejido social y una infraestructura pública en constante deterioro. Esa concentración, paradójicamente, dio impulso a un círculo vicioso que fomentó nuevas formas de migración interna hacia la región metropolitana. Los organismos de gobierno, por su parte, se convirtieron en entes “fuera de escala”. Agobiados por la resolución diaria de innumerables cuestiones operativas, crecieron en tamaño hasta complicar mucho la gerencia pública.

Como resultado, el Ejecutivo provincial resignó su capacidad de planificar y controlar la implementación de políticas públicas. Esa carencia nos legó el principal nudo que frena actualmente el desarrollo armónico, integral y estratégico de la provincia de Buenos Aires: el escaso aprovechamiento del potencial productivo del interior y la incesante concentración de la población en el Conurbano bonaerense, como muestran los últimos cinco censos nacionales.

A su vez, debemos sumar a este desequilibrio económico y demográfico las falencias en materia de gestión de servicios públicos y atención ciudadana (particularmente a los que no viven en grandes centros urbanos). Numerosas cuestiones operativas siguen demorando excesivo tiempo en resolverse, acompañadas por la complejidad y el atraso tecnológico en procedimientos y trámites cotidianos. La gente, con razón, demanda un Estado ágil e inteligente, que solucione sus problemas y mejore su calidad de vida.

El Plan de Regionalización que impulsa el gobernador Daniel Scioli viene a responder a estos desafíos, mediante la desconcentración del aparato provincial hacia las regiones, y un vigoroso proceso simultáneo de descentralización y autonomía de municipios, ambos ejes acompañados por otros cambios.

Por un lado, asume la misión de llevar las instituciones a todo el territorio de la provincia y facilitar el despegue productivo del interior. Al aplicar una “mirada regional” –determinada por particularidades socioeconómicas, históricas y culturales–, delinea una estrategia que contempla las potencialidades de cada corredor productivo, favoreciendo las oportunidades laborales, educativas y los incentivos para la radicación de los trabajadores lejos del Conurbano.

Fomentar la asociatividad entre municipios es un objetivo central: la radicación de industrias de alto valor agregado requiere de vías de comunicación e infraestructura integradas, que faciliten la circulación de bienes y personas. Esto supone también agilizar trámites ex ante y desactivar problemas regulatorios que obligan a los empresarios a un peregrinaje continuo hacia la capital.

Por otro lado, el Plan propone coordinar y articular políticas destinadas a generar soluciones en el terreno de la infraestructura social, el transporte, la salud, el saneamiento ambiental y la seguridad en el Conurbano bonaerense, principal desafío a la gobernabilidad de la provincia. Esto supone también instaurar un diálogo institucional con la Nación, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los municipios que lo conforman a fin de resolver las problemáticas propias de una región metropolitana.

La experiencia internacional demuestra que las metrópolis del mundo poseen áreas periféricas con problemáticas similares a las nuestras (falencias habitacionales, saturación de los medios de transporte, contaminación ambiental, entre otros). Conformar una Región Metropolitana implica tomar la iniciativa en materia de diálogo con la Nacion, la Ciudad de Buenos Aires y los municipios del Conurbano, para dar solución a los intereses y necesidades comunes a los ciudadanos de las jurisdicciones intervinientes. Es necesario institucionalizar una plataforma de coordinación multijurisdiccional a tal efecto.

Los municipios son clave en este proceso.

El Plan de Regionalización les otorga una mayor autonomía, ya que los sitúa como ámbitos privilegiados para la detección de las necesidades y demandas de los ciudadanos. Municipios más fuertes, con mayor autonomía, junto a las regiones, serán las herramientas para articular y mediar entre el Estado y los requerimientos de la gente, acortando así la distancia (metafórica, pero también física) entre los problemas y las soluciones. Mediante la desconcentración y descentralización, el Estado será un actor presente, cercano a la gente.

La licitación para construir una obra pública, por ejemplo una escuela, ya no demandará nueve meses o más ni requerirá que el trámite llegue y regrese de la burocracia central.

El administrador regional será responsable de mantener el establecimiento (calefacción, limpieza, reemplazos docentes) y no el ministro de Educación, que deberá responder por la política de Estado en materia educativa. La incorporación de tecnología disminuirá o eliminará los trámites presenciales –abundantes en la provincia– y hará surgir nuevas prestaciones, como la inscripción online para las escuelas o para turnos en hospitales.

Regionalización no significa división en el sentido de debilidad. Al contrario, el resultado de esta desconcentración y descentralización administrativa legará un nuevo paradigma de Estado provincial, mucho más fuerte que el actual. Aliviado de las cuestiones operativas –que ejecutarán las regiones y los municipios–, las estructuras administrativas centrales podrán focalizarse en el diseño y control de políticas públicas articuladas entre sí, orientadas al desarrollo económico y social. Un Estado que responde en lo estratégico y en lo operativo es sin duda un Estado más fuerte, no más débil.

Esa dinámica será la mejor garantía para la gobernabilidad de la provincia, y un aporte trascendental a la gobernabilidad del país. La persistencia de bolsones de pobreza extrema y deterioro del tejido social en el Conurbano bonaerense, pese al hístórico auge productivo que atravesamos, constituye la mejor evidencia de la necesidad de aplicar un enfoque integral a las políticas provinciales, que enfrente las causas y no sólo los efectos de la marginalidad.

Cabe destacar que cada región ejecutará los planes y programas que determinen las políticas provinciales, por lo que se prevé una adecuación de las estructuras administrativas de los ministerios y organismos provinciales a la nueva institucionalidad.

El Plan de Regionalización genera muchas expectativas simplemente porque sigue el sentido común: si la estructura político-institucional data del siglo XIX y desde entonces la realidad cambió tanto que la provincia parece otra, entonces ¿qué esperamos para cambiarla? Daniel Scioli, con este Plan, concreta un anhelo presente en la comunidad desde años. Un modelo de administración moderno y participativo, para dejar atrás las falencias que han aquejado al Estado provincial durante las últimas décadas.

Winston Churchill afirmó: “No hay nada malo con el cambio, siempre y cuando sea en la dirección correcta”. El Plan de Regionalización constituye, sin dudas, una modificación sustancial en la estructura administrativa de la Provincia de Buenos Aires.

Y el norte de estas transformaciones son las demandas ciudadanas, que nos exigen mejores servicios públicos y un Estado provincial al frente de un desarrollo sustentable e inclusivo, a centenares de metros y no de kilómetros de las situaciones que lo requieran. ¿No es acaso esa la dirección correcta para un cambio? *Santiago Montoya es Presidente del Grupo Banco Provincia

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